Un procedimiento particular

En menos de 24 horas, el juez Ruz decidió imputar al Barcelona después de la petición del fiscal del caso, José Perals, por un presunto fraude fiscal de 9,1 millones de euros. Una decisión tomada sin que viniera precedida por un procedimiento de inspección ni se haya abierto ninguna acta por parte de la Agencia Tributaria como es habitual.

Llama la atención que el proceso se ha iniciado de una forma inhabitual. Normalmente Hacienda es quien hace entrega de unas pruebas documentales al fiscal, quien tras estudiarlas decide si pedir o no al juez la imputación.

En este caso, el camino ha sido otro y es lo que llama la atención al club. De media, Hacienda suele invertir en este tipo de investigaciones unos seis meses y se requieren muchos mecanismos de control.

La aceleración es diferente y el Barça ha tenido que reaccionar con rapidez y la contratación de dos gabinetes de abogados de prestigio, los de Cristóbal Martell y Cuatrecases, y hacer frente a un pago de una declaración complementaria tras una reunión extraordinaria de la junta directiva celebrada durante el pasado fin de semana.

«No hay riesgos en la parte penal de la apropiación indebida y la operación fiscal también es legítima. No hay ninguna simulación del negocio -como intuye el fiscal-, pero los asesores nos avisaron que Hacienda está muy agresiva con este asunto de la simulación«, ha dicho el vicepresidente económico Javier Faus.

¿Y por qué se ha abonado esa cantidad? Un cambio legislativo que se produjo a principios de 2013 supone que el delito contra Hacienda realizado por personas jurídicas -como es el caso del Barça- y regulado en los artículos 305 bis y 310 bis del Código Penal pueda comportar una pena de prisión de dos a seis años -que podría afectar a los directivos firmantes de los contratos- y una sanción económica cuatro veces superior a la cantidad defraudada.

Sin embargo, al haber presentado el club una autoliquidación complementaria por 13,5 millones de euros, el Barça se ha adelantado a la posibilidad de disponer de un beneficio fiscal, ya que tenía dos meses desde el momento de su imputación –algo que no ha ocurrido– para pagar la deuda y tendría una pena inferior «en uno o dos grados«.

El caso tiene un largo recorrido, entre uno y tres años, y se da la circunstancia de que N&N habrá liquidado sus impuestos en Brasil al haber recibir una transferencia de 40 millones de euros del Barcelona por «prestación de servicios» y el Barça deberá hacerlo aquí si la cantidad se considera como parte del salario del futbolista.

En el vértice de todo este asunto, figura un socio, Jordi Cases. Un socio señalado por el presidente, Josep Maria Bartomeu, como el responsable de lo ocurrido en una curiosa interpretación de la realidad.

«Si no hubiera puesto la denuncia, ahora no estaríamos aquí ni hubiéramos tenido que pagar los 13,5 millones de euros«, dice Bartomeu.

La grandeza de la situación es que, a diferencia del tibio mecanismo de control existente en una gran corporación, un socio del Barça puede pedir explicaciones sobre el contrato de un jugador y si no se las ofrecen, acudir a los tribunales, algo impensable en otros ámbitos.

Con una simple sospecha y ninguna prueba, Cases ha puesto el caso Neymar en la primera línea mediática. Soberbia y ninguneo a partes iguales. Una fórmula que por el momento ha acabado con un presidente (Sandro Rosell) y ha puesto contra las cuerdas a una directiva que, a pesar de las voces críticas, se siente legitimada para seguir adelante sin convocar elecciones.

 Foto: EFE

Algo más que un Camp Nou

La reforma del Camp Nou se ha convertido en el asunto estrella de la actualidad barcelonista. El proyecto bandera de la directiva de Sandro Rosell y de su delfín Bartomeu será, sin duda, el motor que agitará el entorno culé en los próximos meses.

Agarrado a la literalidad de los estatutos del club, que aportan una indudable legitimidad a su junta, Josep Maria Bartomeu sigue adelante con un proyecto que ha dado tantas vueltas como un tiovivo.

Todo comenzó en 2007, cuando la junta presidida por Joan Laporta presentó el proyecto de remodelación del estadio diseñado por el arquitecto Norman Foster, que tenía un coste estimado de 250 millones de euros y que contemplaba, como el plan actual, el incremento de aforo del Camp Nou hasta alcanzar las 104.000 localidades.

En la campaña electoral de 2010, Rosell afirmó en varias ocasiones que el proyecto era una locura y que bastaba una reforma de apenas 40 millones para lavarle la cara al estadio. Sin embargo, una vez en la presidencia, el plan cambió. La liquidez obtenida en apenas tres años gracias al ahorro que supone dejar de comprar tóner en color para imprimir y hacer copias hizo que la junta se replanteara el asunto. Y así, como quien no quiere la cosa, se pasó de una inversión de 40 millones a otra de más de 400 (600 si se cuenta todo el Espai Barça), una vez que la tozuda realidad hizo desestimar la construcción de un nuevo campo en lo que habría sido el gran legado del ya ex-presidente.

A principios del mes de abril, los socios del Barça están llamados a votar para decidir el futuro del Camp Nou. Probablemente, el aparato propagandístico de una entidad tan grande como esta permitirá que el resultado sea el deseado por la junta, sobre todo porque el vicepresidente Javier Faus recalca una y otra vez que el estadio no costaría un solo euro a los socios. Y ya se sabe que en eso, en los aspectos que afectan al bolsillo, también somos més que un club.

Sin embargo, este referendo –cuya pregunta aún se desconoce– será algo más que una consulta sobre el Camp Nou. Decidirá si se hace la obra o si el campo tiene apellido, sí, pero también puede ser un termómetro en el que los socios juzguen si la junta está en condiciones de seguir adelante con su proyecto una ver descabezada.

Y ahí, en ese aire plebiscitario, influirán muchas de las cosas que flotan en la atmósfera culé. Los resultados deportivos, como siempre, acostumbran a tener peso, pero no son el único factor. Todos los contendientes de Rosell en 2010 reconocen la legitimidad de Bartomeu pero piden elecciones aludiendo al carácter presidencialista de las elecciones en el club. Las noticias que llegan sobre el asunto del fichaje de Neymar no hacen más que enredar la madeja de lana en la que se está convirtiendo el Barça. Y, para colmo, en las manos del juez que verá la acción de responsabilidad social contra los ex-directivos de Laporta está que toda esa historia que viene de aquellos ocho días de 2003 acabe por dinamitarlo todo.

Hay casi unanimidad a la hora de reconocer el talante de Josep Maria Bartomeu desde que se hizo con la presidencia del club. Ahora hay que esperar que tenga también el talento necesario para calmar el ruido institucional. Y eso pasa, necesariamente, por refrendar su legitimidad con el aval de una nueva convocatoria electoral.

Operación Pepe Gotera y Otilio

Jordi Cases tiene 42 años, es culé, cruyffista y guardiolista. Cuando el Barça de Sandro Rosell decidió sustituir la inscripción Unicef por la de Qatar en su camiseta, Cases se puso en marcha junto con un grupo de amigos y pretendió recoger firmas para que la misma fuera votada por los socios. De ahí surgió un activo grupo en las redes sociales. De Consulta Qatar se pasó a Consulta Barça, ahora convertida en Go Barça.

El gran público conoció a Cases en octubre pasado cuando intentó recoger firmas para presentar una ‘Moción de censura‘ contra “las mentiras y la falta de transparencia” de Sandro Rosell y de su junta directiva, pero la misma no pudo ni gestionarse. En unos pocos días, la directiva, amparándose en una normativa de la Generalitat, cambió rápidamente las reglas del juego y ya no eran precisas recoger 6.000 firmas de socios para plantearla, sino el triple.

Desde GoBarça se han ido denunciando sistemáticamente las actuaciones que consideraban irregulares de Rosell. Sus conexiones con la empresa Viagogo, que revende entradas de los partidos del Barça, los negocios de Bonus Sports Marketing (BSM) o ISL, contrarios al código ético creado por la directiva, y también se ha interesado por ese halo de sospecha que desde que llegó a la presidencia ha supuesto para Rosell su conexión con Teixeira y la CBF por medio de la empresa Ailanto. También Cases y GoBarça estaban detrás de las pancartas de ResPEPct y de la de Pinotxell Rosell.

En agosto pasado, Cases -junto con Joan Arnés– enviaron un burofax a la directiva pidiendo explicaciones sobre esas informaciones publicadas en la prensa internacional en las que se acusaba a Sandro Rosell de estar cobrando comisiones ilegales en paraísos fiscales, “unas informaciones que no solo afectan a la honorabilidad de nuestro presidente sino que, de rebote, ensucian la imagen del Barça”, según recoge el documento.

Rosell respondió remitiendo a ambos socios a unas declaraciones realizadas a un programa radiofónico. En ese punto, es cuando empezó a complicarse la situación. Harto del desprecio y de la prepotencia de la directiva, hastiado por lo ocurrido con el cambio de normativa sobre el voto de censura, Cases siguió adelante hasta que en noviembre del año pasado, volvió a enviar un nuevo burofax a Arístides Maillol.

En este caso se solicitaba información sobre la operación Neymar, una explicación sobre los 40 millones pagados a N&N y la duda existente sobre dos conceptos: el derecho preferencial sobre dos jugadores juveniles del Santos (7,9 millones) y el pago de 9 millones por la disputa de dos partidos contra el Santos.

Ya no hubo más respuestas. Casas le daba 15 días a Rosell para responder a aquel burofax y en el caso contrario se reservaba a emprender “las acciones que considere oportunas”. Desde entonces, se han acelerado todos los acontecimientos y el Barça tiene un nuevo presidente.

Según publica @lumartinbcn, GoBarça es un reducido grupo de culés (nunca más de diez) cuyas acciones se financian por medio de aportaciones individuales de 500 euros mensuales, es decir el grupo dispone de unos 5.000 euros mensuales. En una entrevista publicada en ‘Cinco Días‘, Cases se define como “culé, independentista e independiente” en el apartado económico.

Después de que la aceptación de la querella por parte del juez Ruz haya supuesto un tsunami en can Barça y la dimisión de Rosell, Cases se siente sorprendido. No era ese su objetivo, simplemente quería conocer qué había ocurrido en la operación Neymar y obtener explicaciones, como socio, sobre la misma.

Ahora le toca tomar una complicada decisión. Su abogado, Felipe Izquierdo, ha informado de que Cases había decidido hace unos días ampliar la querella a Josep Maria Bartomeu y a Javier Faus, como vicepresidentes deportivo y económico, respectivamente, del club y también responsables de la operación. Ahora Bartomeu es el presidente del Barça y el bucle puede volver a empezar.

Uno de los personajes de la trama definió lo que estaba pasando como una aventura propia de ‘Pepe Gotera y Otilio‘, una chapuza en grado máximo, pero nada puede extrañarnos, porque ‘más que un club’, el Barça es un vodevil en sesión continúa. Cases solo quería saber por qué le habían pagado 40 millones de euros a la empresa del padre de Neymar y se ha encontrado con la punta del iceberg, seguramente lo mismo que se encontraría cualquier socio del Real Madrid que se interesara por la ‘operación Bale’.

“Con que me hubieran dicho -que los 40 millones a N&N- no son en concepto de nada, pero que en el caso contrario Neymar no habría venido al Barça, con eso me hubiera bastado. Pensaría que siguen mintiendo, pero solo quería una respuesta”, dice Cases. Tan fácil como responder un burofax, tan sencillo como realizar una llamada de teléfono.

Gabinete de crisis

Amenazas a su entorno familiar y la imposibilidad de que un presidente del Barça imputado pueda estar al frente de la nave. Estos son los motivos que puede aducir Sandro Rosell para abandonar la presidencia del club. La información la adelantó ‘La Vanguardia’ y nos hicimos eco aquí.

En las últimas horas, todo se ha acelerado. Según ‘Catalunya Ràdio’, los pesos pesados de la directiva -Sandro Rosell y los vicepresidentes Josep Maria Bartomeu y Javier Faus– acompañados por el director general (Toni Rossich), el director de comunicación (Albert Montagut) y Juan José Castillo, su hombre de confianza, se han reunido en el domicilio del presidente en una suerte de gabinete de crisis.

En una información de ‘Efe’ se insiste en que si Rosell dejara el cargo se tendrían que convocar elecciones. «No es que no haya gente capaz de seguir, sino que este proyecto está liderado por Sandro Rosell«, asegura un directivo.

En pocos días, se ha desatado la tormenta. Una querella presentada por un socio despechado (Jordi Cases) por la falta de respuestas por parte de la directiva lo ha desencadenado todo. Las dudas sobre la operación ‘Neymar‘ empiezan a ser certezas, la rueda de prensa para anunciar la convocatoria de un referéndum sobre los planes del Camp Nou visualizó la falta de transparencia del Rosell, que se negó a responder preguntas sobre Neymar;  al día siguiente, la admisión a trámite de la querella contra el presidente azulgrana supuso un nuevo torpedo en su línea de flotación.

En el domicilio de Rosell, en la calle Deu i Mata, se decide la estrategia inmediata a seguir y se maneja la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria de la junta directiva, incluso una comparecencia ante la prensa.

El barcelonismo está expectante a la jugada. Es el caso de Agustí Benedito, el único oponente real a Rosell en las últimas elecciones, de Jan Laporta, que hasta ha cambiado su avatar de ‘twitter’ (ahora figura con una camiseta azulgrana y no con la ‘senyera’ catalana), y de Víctor Font, el último en apuntarse en la carrera electoral.

 

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