Presentó ayer Joan Laporta el resultado del informe forensic sobre la gestión de la anterior junta directiva del FC Barcelona, un documento que recoge, según explicó, «operaciones de pagos sin causa, pagos con causa falsa y pagos desproporcionados«.
En su exposición, Laporta confirmó que el club ha puesto en conocimiento de la fiscalía lo que considera “hechos incontestables” para que sea el Ministerio Fiscal quien decida si hay indicios de presuntos delitos económicos como apropiación indebida, falsedad documental y contable o administración desleal, a los que podría sumarse la simulación contractual.
La lista detallada de lo explicado ayer puede hoy encontrarse muy fácilmente y de manera íntegra en casi cualquier medio de comunicación. Otra cosa es la interpretación que se hace de lo ocurrido ayer en gran parte de la opinión publicada.
El hecho que el FC Barcelona se haya limitado a describir unos hechos ante la fiscalía para que sea esta quien inicie la investigación que determine si existen o no responsabilidades ha parecido un gesto tibio para muchos opinadores, que no entienden que el club no se presente en el juzgado de guardia con nombres, apellidos, cifras y hechos.
La ausencia de sangre significa, a ojos de quien todo lo sabe, que no será para tanto. Incluso hay quien ha dicho que 30 millones de euros es el chocolate del loro, que para tanto viaje no hacían falta esas alforjas.
Seguramente haya que aclarar que lo que ha hecho el FC Barcelona es denunciar ante la fiscalía unos hechos que considera “incontestables”. Y lo ha hecho utilizando uno de los cauces que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 264 dice:
“el que por cualquier medio (…) tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella.
El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión.
Entienden los directivos y abogados del Barça que el forensic ha detectado diversos hechos que pueden ser penalmente perseguibles y que han generado un perjuicio al club de 30 millones de euros. Eso no significa que la mala gestión de la junta anterior sea de 30 millones, sino que los presuntos hechos delictivos que se han detectado han hecho que ese dinero acabe donde no debía.
Como explicó ayer Jaume Campaner, el abogado que ha dirigido la investigación forensic, en el caso que la investigación de la fiscalía determine que existen delitos, la condena penal que pueda caer sobre los autores puede acarrear una responsabilidad civil añadida: la restitución del perjuicio económico causado.
En un país tan dado al jolgorio mediático, pesan más unas facturas de pollos a l’ast que unas comisiones desorbitadas por una medianía brasileña, 60.000 euros pagados a un periodista (con factura, parece ser) que saltarse los mecanismos de control financiero y estatutario fraccionando facturas.
Ahora resulta que la junta es cobarde porque no se ha querellado o no tiene claro que haya delitos. Y, sobre todo, triunfa el mantra que dice que 30 millones son poca cosa, seguramente porque todos los ganamos a diario. Si es así, mi enhorabuena. Si no, lo mejor que podemos hacer todos los que nos dedicamos a escribir y opinar es consultar con quien sabe qué opciones existen a la hora de denunciar un presunto delito.
30 millones es poca cosa. Claro. Y la abuela fuma.
Foto. FC Barcelona.
