Laporta, el numerito, el amnésico y el exconvicto

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La escena de ayer en la Ciutat de la Justícia la habría firmado los guionistas de Juzgado de Guardia, aquella sitcom norteamericana que pasó con más pena que gloria por la televisión española en la década de los años 80.

Lamentablemente habituado como está el barcelonismo a pisar por igual las salas de los juzgados que el Camp Nou, ha llegado un punto en el que ya no importa tanto qué se juzga como las anécdotas, más o menos serias y más o menos graves, que se viven en la sede judicial.

Con el trasfondo de una demanda de 100 millones de euros, una minucia que veremos cómo termina, asistimos ayer a otro espectáculo a medio camino entre el esperpento valleinclanesco, los diálogos para besugos de Armando Matías Guiu y el hipnotismo que sufre quien se queda pasmado mirando cómo gira la ropa en el tambor de una lavadora.

El reparto, de lujo: un abogado exconvicto condenado por estafa, un expresidente desmemoriado, otro que deseaba hablar en su lengua, un ex director general que disfruta de un gran finiquito después de haber sido defenestrado hace unas semanas y un juez que debe torear con todos ellos.

Con semejante elenco y lo plúmbeas que pueden ser las sesiones judiciales, era inevitable que el mundillo del chismorreo tertuliano se fijara en la anécdota. Da igual que se iniciara ayer un millonario juicio contra el Barça; lo importante es que Joan Laporta montó un ‘numerito‘. ¿Su delito? Tener la osadía de querer hablar en catalán en un juzgado de Catalunya.

Laporta llegó a la Ciutat de la Justícia a las 9 de la mañana y no fue llamado a declarar hasta las tres de la tarde. Conociendo mínimamente al personaje, es probable que la espera hiciera que se le hincharan las gónadas, si me dejan emplear el eufemismo. Pero permítanme dudar que esa demora en prestar declaración tuviera algo que ver en su postura frente al uso de su lengua. Laporta, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho no sólo a declarar en sede judicial en catalán, sino a exigir que ese derecho sea respetado.

Que a estas alturas haya que argumentar algo tan evidente es un mal síntoma. Porque si una figura pública como el expresidente del Barça, diputado y concejal tiene dificultades para hacerlo (finalmente pudo declarar en su lengua) y recibe críticas por reivindicar ese derecho, ¿qué no le ocurrirá a cualquier ciudadano normal que haga lo mismo?

Si uno echa un vistazo a las noticias sobre el juicio de MCM verá que los principales titulares –pese al esfuerzo de los periodistas que cubrieron una sesión más aburrida que un recital de chistes de Arévalo– se centran en el episodio de Laporta y el catalán. Y a poco que escuchemos las tertulias radiofónicas, también encontraremos quien tache de numerito el gesto del expresidente.

Y mientras, el juicio sigue con el abogado exconvicto, el amnésico, el ‘indepe‘, el jubilado de oro y el juez, capote en mano, ejerciendo de El Platanito para dirimir qué ocurre con esa demanda y esos 100 millones. 100 millones, sí; puros numeritos.

Bartomeu señala a Rosell

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se ha desmarcado de cualquier negociación en el caso Neymar y ha señalado directamente al dimitido Sandro Rosell, quien según ha declarado había negociado la totalidad de los contratos con el crack brasileño.

En una declaración que se alargó durante más de tres horas, Bartomeu negó ante el juez Pablo Ruz la existencia de delito fiscal en el caso.

El presidente del Barça dejó claro que no intervino en ninguno de los siete contratos firmados con Neymar y que la operación la lideró desde el principio Sandro Rosell. Además, justificó su firma en los mismos porque los daba por buenos.

Cuando accedió a la presidencia, en febrero de 2014, tras la dimisión de Rosell, Bartomeu dio órdenes de hacer los pagos a Hacienda para no acometer ningún riesgo en la operación.

Por ese motivo, el club ingresó a Hacienda 13,5 millones de euros, con la idea de cubrir la posible deuda existente. La Agencia Tributaria sostiene que existe un delito fiscal imputable en 2014, porque el Barça tendría que haber pagado 2,6 millones de euros en concepto de IRPF, algo en lo que el presidente del Barça no está de acuerdo.

Bartomeu ha explicado que esa cantidad debería computarse en 2013, no en 2014, y además asegura que la cantidad es inferior, porque se trata de rentas entre el club y las sociedades del grupo N&N y no entre particulares.

Por ese motivo, ese cantidad tributaría en menor cuantía y, además, debería abonarse en Brasil, no en España, porque N&N está domiciliada allí.

Otra parte de la declaración versó sobre las sociedades que derivan de N&N. Hacienda considera las mismas como «una tapadera«, hecho en lo que Bartomeu tampoco está de acuerdo, puesto que ha recordado que el grupo Neymar está formado por varias empresas, que explota desde 2006 los derechos de imagen del jugador y que además tiene 40 trabajadores.

 

Messi, al banquillo

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gavà, Manuel Alvover, ha desestimado el recurso de Leo Messi contra su imputación por tres presuntos delitos de fraude fiscal. El argumento de los abogados de Messi se basaba en el hecho que el delantero del Barça desconocía las actividades de Jorge Horacio Messi, representante y gestor de su labor económica. El juez sostiene que es una «opinión subjetiva» que Messi «estuviera al margen de la gestión económica, contractual y tributaria de los ingresos que generaba«, aunque fuera Jorge quien los gestionaba.

Del mismo modo, el magistrado ha rechazado por “no resultar pertinentes” las comparecencias como testigos de Alfonso Nebot y Ángel Juárez, así como la de Raúl Sanllehí, director del Área de Gestión del FC Barcelona. Los abogados de Messi habían solicitado esas declaraciones para acreditar “la nula intervención, participación y conocimiento” del futbolista respecto a la contratación, gestión societaria, administración de fondos y autoliquidación tributaria. O, dicho en otras palabras, para certificar que es su padre quien se encarga directamente de sus negocios.

El magistrado ha tomado la decisión de rechazar el recurso pese a la opinión del fiscal, que entiende que no hay indicios de que Messi haya cometido delito alguno y en su día solicitó “el sobreseimiento libre respecto de él”.

Leo Messi está acusado de haber defraudado a Hacienda 4,1 millones de euros correspondientes a las declaraciones del IRPF de los años 2007, 2008 y 2009. El crack argentino y sus abogados tienen ya una única instancia a la que acudir si plantean un recurso ante la Audiencia de Barcelona.

Foto: Joan Cortadellas / elperiodico.com
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