El FC Barcelona como institución y Josep Maria Bartomeu como imputado tienen todo el derecho a defender su postura ante la Audiencia Nacional. Si los dirigentes del club consideran, como han dicho desde el primer día, que su actuación en todo el asunto del Caso Neymar y las correspondientes liquidaciones de impuestos ha sido correcta, deben mantenerse en sus trece, dejar que el proceso avance y llevar su estrategia de defensa legal hasta el final.
Sin embargo, las declaraciones de Bartomeu una vez conoció su imputación han tomado otro camino. El presidente ha optado por quemar sus naves y jugar lo que en el mundo del póquer se conoce como ‘all in‘, acuciado no sólo por la dinámica del proceso judicial, sino muy especialmente por la proximidad de unas elecciones a las que desea concurrir.
De las palabras que emanan de la junta del Barça parece que en Arístides Maillol ya no se confía en la justicia, algo nada extraño si se tiene en cuenta que los servicios jurídicos del club no han hecho últimamente más que cosechar derrotas. Pero decir que las imputaciones por presunto delito fiscal responden a que “ciertos poderes del estado” no digieren bien que Neymar recalara en Barcelona ni el catalanismo de la institución suena a clavo ardiendo al que asirse.
La junta directiva del Barça, con Bartomeu a la cabeza, ha optado ahora por utilizar la senyera como escudo de protección y por hablar de persecución por razones políticas. Habrá quien crea en esa conspiración, pero no se puede obviar que desde que Sandro Rosell llegó en 2010 a la presidencia, el club había optado por desvincularse de la posición claramente independentista de su antecesor que, curiosamente y pese a resultar más evidente, no sólo no puso en marcha la agresividad de esos “ciertos poderes del estado”, sino que tampoco impidió los triunfos deportivos.
El tiempo demostrará si se trata de un error o no, pero no parece muy inteligente ir diciendo diez días antes de declarar ante el juez que sus decisiones, como las del fiscal, están siendo dirigidas por esos “ciertos poderes del estado”. Sin decirlo explícitamente, Bartomeu, su junta directiva y no pocos columnistas están acusando al magistrado Ruz de prevaricación. Un delito que, para quien no lo sepa, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta.
Un todo o nada
El órdago, que dirían en el mus, es grande. Un todo o nada del que puede surgir un Bartomeu reforzado si logra que se revoque la imputación o tocado definitivamente si concurre a las elecciones con una causa abierta y procesado. De momento, ha recurrido al “nos persiguen” como estrategia y a señalar a muchos y a nadie al mismo tiempo. Lo primero calará entre aquella parte de la masa social del club que todavía no se haya deshecho del victimismo de otros tiempos; el peligro de lo segundo es que cuando uno escupe hacia arriba se arriesga a recibir su salivazo.
Total, que así está el panorama: Neymar costó 57 millones, el presidente volvería a hacerlo todo igual, nada de esto habría pasado sin una denuncia, existe una persecución por catalanismo, no soportan que brasileño no fuera a Madrid y el fiscal y el juez actúan parcialmente movidos por no se sabe quién. Y lo peor es que todo esto podría haberse evitado si, en lugar de pavonearse y presumir de ser más listos que nadie, se hubiesen dado las cifras reales del traspaso. Exactamente igual que se ha hecho esta temporada con los 80 millones largos que se pagaron por Luis Suárez.
Ahora es tarde. La guerra ha estallado y no parece que haya vuelta atrás. A los refugios, que viene lo gordo.
