¿Cómo ratificar el contrato de Catar sin conocerlo?

A cuatro días de que se celebre la Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona (orden del día) en la que, ente otras cuestiones, los representantes de los socios deben ratificar el nuevo contrato de patrocinio con Catar, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se encuentra en la capital catarí intentando aumentar la oferta recibida para el próximo compromiso. El patrocinio de Qatar Airways, uno de las principales puntos de fricción de la pasada campaña electoral, no está resuelto y deprisa y corriendo, los representantes del Barça –Bartomeu y Manel Arroyo, el vicepresidente de Media– intentan aumentar la oferta inicial recibida (65 millones de euros) para que alcance los 70 millones.

Más allá de la complejidad de la negociación, el Barcelona se enfrenta a la posibilidad de que cualquier socio compromisario pudiera impugnar la asamblea del próximo domingo, debido a «un incumplimiento estatutario en el proceso de información previa«, según ha denunciado hoy la Associació Manifest Blaugrana mediante un comunicado. El citado grupo recuerda que «los compromisarios no han tenido ningún tipo de acceso a la información relativa al/los contratos de patrocinio que se someterán a votación«, lo cual vulnera el artículo 20.9 de los Estatutos del Club: «La ratificación de la Asamblea es necesaria para cada contrato de publicidad«.

Y es que la situación roza lo kafkiano: el Barça no ha podido ofrecer la información a los compromisarios, simplemente porque no dispone de la misma, ya que el contrato aún se está negociando. Además de la inexistencia de información relativa al contrato con Catar, Manifest Blaugrana cita otros dos incumplimientos estatuarios previos a la celebración de la Asamblea y recuerda que los mismos «pueden ser esgrimidos por cualquier socio compromisario como argumento» para impugnar la misma.

El primero se refiere al desconocimiento de la composición de la Comisión Económica, pese a que la misma tiene que ser ratificada dentro de cuatro días. La citada Asociación recuerda que según los Estatutos «el Club tiene que entregar a todos los socios que lo soliciten, durante un periodo no inferior a diez días hábiles a la celebración de la Asamblea, una copia de los documentos que integren la información para su uso y estudio exclusivamente personal y baja su responsabilidad«.

El segundo también tiene que ver con la falta de información, en este caso sobre el acuerdo de la creación de la Universidad del FC Barcelona. Manifest Blaugrana también ha recordado que pese al anuncio del club del pasado 13 de octubre, «no hay ni rastro (de la existencia de la) Oficina del Compromisario que debía situarse en la Oficina de Atención al Barcelonista» y donde se debía recoger toda la información al respecto.

Bartomeu: ¿truco o trato?

bartomeu

La junta directiva del FC Barcelona que preside Josep Maria Bartomeu se reúne hoy para decidir los pasos a seguir tras la sentencia de la demanda por la acción de responsabilidad que absolvió a Joan Laporta y 16 de sus compañeros de camino. Los directivos del club tienen, a priori, tres opciones para escoger. Olvidar el asunto, presentar un recurso o convocar una asamblea extraordinaria de socios compromisarios para que sean éstos quienes decidan si continuar o no con el proceso.

Después de cuatro años en los que la amenaza de ruina para muchos de los demandados ha sido su día a día, la decisión de hoy es crucial para el futuro social del Barça. El escenario ha cambiado tanto desde aquella tarde de 2010 en la que una ajustada votación decidió poner en marcha la demanda que uno ya no sabe por dónde va a salir la directiva.

La demanda nació viciada desde un principio. Tanto que los socios que la votaron valoraron más las facturas de restaurantes, habanos o pollos a l’ast que los criterios que el juez ha incluido en su sentencia. Muchos, algunos incluso hoy, piensan que la interposición de la demanda se debía a que los exdirectivos habían metido mano en la caja. Aquellas dobles páginas en los diarios no ayudaron, precisamente, a esclarecer los hechos.

Lo cierto es que hoy, al menos en primera instancia, Laporta y su junta no solo no deben responder de los casi 48 millones de pérdidas que le atribuyeron los números de Javier Faus, sino que su mandato global, según el juez, ofreció beneficios. Hay quien opina que pocos, pero tampoco conviene olvidar que ese resultado global incluye el pufo del mandato de Joan Gaspart.

Si la junta decide no presentar recurso a la sentencia, las aguas bajarán algo más tranquilas. Las andanadas que ayer le dirigió el propio Laporta en su rueda de prensa habrán calentado a más de un directivo, así que veremos si mantienen la calma o se guían por la visceralidad. Tampoco sabemos hasta qué punto la amenaza de Robert Blanch –autoerigido en adalid de la limpieza y causante, entre otras cosas, de parte de la judicialización del club a través de la manipulación de un pobre jubilado descamisado que ya no sabe dónde meterse– de pedir responsabilidades a la propia junta puede tener algún efecto.

En caso de que la decisión se decante por el recurso, todo volverá a empezar. Y lo hará con la obligación de Laporta y un grupo de sus directivos de avalar casi tres millones por cabeza gracias a la ejecución de una sentencia (la de los avales impulsada por el dueto Pla/Blanch) que se volatilizaría en caso de no recurrir la decisión del juez Borrego.

Y luego está la tercera vía, que no es otra que la convocatoria de una asamblea extraordinaria cuyo único punto del día sería el asunto del recurso. Seguramente sea esta la decisión que tiene más visos de ocurrir, puesto que fue la propia asamblea la que en su día votó iniciar el proceso. Si la directiva de Bartomeu opta por convocarla, no estará de más que su papel fuera algo más claro que hace cuatro años y que los socios supieran de antemano cuál es la posición oficial de la junta. Claro que algo así comportaría un riesgo enorme: que los compromisarios decidieran lo contrario a la postura de la directiva. Y eso, en un panorama preelectoral como el que vivimos después de que la sentencia haya resucitado a un Laporta que parecía muerto, tiene su riesgo.

Hoy, víspera de todos los santos, veremos si la directiva del Barça se apunta a la castañada o prefiere atizar un nuevo castañazo a quien considera su enemigo incluso desde antes de acceder al poder. Eliminado el trato, veremos cuál es el truco que sale de Arístides Maillol.

El Barça de la paciencia

El juicio de la acción de responsabilidad social contra los miembros de la junta directiva del Barça en la etapa de Joan Laporta ya tiene fecha. Será el 15 de septiembre, a menos que las estrategias legales de la defensa y las decisiones judiciales que deben tomarse en los próximos días –el famoso litisconsorcio pasivo necesario– den un giro a toda esta historia.

Mientras todo esto ocurre, sigue librándose una enorme batalla propagandística entre quienes piden la convocatoria electoral, los que se aferran a la legitimidad estatutaria para seguir dirigiendo el club y quienes defienden sin grieta alguna cualquier decisión que emane de la directiva actual.

En medio, 17 directivos que arriesgan su patrimonio –en algunos casos, más- por una decisión de la asamblea en la que ni la propia junta de Rosell fue capaz de tomar una postura definida. Se trata de un proceso que afecta a algunas personas que no estaban en el club durante aquellos famosos ocho días y deja fuera, al menos de momento, a otros que sí formaban parte de la directiva. Un lío que parte de una interpretación de las cuentas que, como siempre, varía según quien la haga.

Pese al ensañamiento mediático de algunos contra los demandados, conviene recordar que no se acusa a nadie de meter mano a la caja ni de malversar fondo alguno, aunque escuchando la famosa y sonrojante intervención del auditor de KPMG en aquella asamblea de 2010, en la que habló de perfumes, puros y pollos a l’ast, muchos socios compromisarios pensaran que se tratara de eso. El chocolate del loro.

El proceso judicial arrancó ayer y no sabemos cómo ni cuándo terminará, aunque el juez deba pronunciarse en los próximos sobre el litisconsorcio de marras. Mientras tanto, desde algunas columnas se sigue dando vueltas al asunto Neymar, apuntando a Madrid, al Madrid y a los políticos de la capital, buscando quién hay detrás de Jordi Cases, atacando a Guardiola como si fuera el instigador de todo, loando sin cesar al dimitido presidente y pasando por encima de algunas informaciones procedentes de Brasil que acusan a Rosell de quedarse con la mitad de los 10 primeros millones de euros que el Barça pagó al padre del jugador brasileño.

Cinco millones, una cifra respetable que coincide, según algunas fuentes, con las costas judiciales que tendría que asumir el FC Barcelona si el juez decidiera aceptar el liticonsorcio y el club optara por no ampliar la demanda para, entre otras cosas, no incluir en ella al actual presidente y a varios miembros de su junta.

La paciencia, esa palabra que no acostumbra a utilizarse demasiado en el Barça, es lo único que nos queda. Paciencia para saber cómo concluirá la acción de responsabilidad, para saber ver los grises entre tanto blanco y negro, para soportar el fuego cruzado entre bandos y para ver si Bartomeu sigue firme en el propósito de agotar su mandato, a menos que el referendo sobre el Camp Nou acabe por convertirse en una votación plebiscitaria.

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