Bartomeu: ¿truco o trato?

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La junta directiva del FC Barcelona que preside Josep Maria Bartomeu se reúne hoy para decidir los pasos a seguir tras la sentencia de la demanda por la acción de responsabilidad que absolvió a Joan Laporta y 16 de sus compañeros de camino. Los directivos del club tienen, a priori, tres opciones para escoger. Olvidar el asunto, presentar un recurso o convocar una asamblea extraordinaria de socios compromisarios para que sean éstos quienes decidan si continuar o no con el proceso.

Después de cuatro años en los que la amenaza de ruina para muchos de los demandados ha sido su día a día, la decisión de hoy es crucial para el futuro social del Barça. El escenario ha cambiado tanto desde aquella tarde de 2010 en la que una ajustada votación decidió poner en marcha la demanda que uno ya no sabe por dónde va a salir la directiva.

La demanda nació viciada desde un principio. Tanto que los socios que la votaron valoraron más las facturas de restaurantes, habanos o pollos a l’ast que los criterios que el juez ha incluido en su sentencia. Muchos, algunos incluso hoy, piensan que la interposición de la demanda se debía a que los exdirectivos habían metido mano en la caja. Aquellas dobles páginas en los diarios no ayudaron, precisamente, a esclarecer los hechos.

Lo cierto es que hoy, al menos en primera instancia, Laporta y su junta no solo no deben responder de los casi 48 millones de pérdidas que le atribuyeron los números de Javier Faus, sino que su mandato global, según el juez, ofreció beneficios. Hay quien opina que pocos, pero tampoco conviene olvidar que ese resultado global incluye el pufo del mandato de Joan Gaspart.

Si la junta decide no presentar recurso a la sentencia, las aguas bajarán algo más tranquilas. Las andanadas que ayer le dirigió el propio Laporta en su rueda de prensa habrán calentado a más de un directivo, así que veremos si mantienen la calma o se guían por la visceralidad. Tampoco sabemos hasta qué punto la amenaza de Robert Blanch –autoerigido en adalid de la limpieza y causante, entre otras cosas, de parte de la judicialización del club a través de la manipulación de un pobre jubilado descamisado que ya no sabe dónde meterse– de pedir responsabilidades a la propia junta puede tener algún efecto.

En caso de que la decisión se decante por el recurso, todo volverá a empezar. Y lo hará con la obligación de Laporta y un grupo de sus directivos de avalar casi tres millones por cabeza gracias a la ejecución de una sentencia (la de los avales impulsada por el dueto Pla/Blanch) que se volatilizaría en caso de no recurrir la decisión del juez Borrego.

Y luego está la tercera vía, que no es otra que la convocatoria de una asamblea extraordinaria cuyo único punto del día sería el asunto del recurso. Seguramente sea esta la decisión que tiene más visos de ocurrir, puesto que fue la propia asamblea la que en su día votó iniciar el proceso. Si la directiva de Bartomeu opta por convocarla, no estará de más que su papel fuera algo más claro que hace cuatro años y que los socios supieran de antemano cuál es la posición oficial de la junta. Claro que algo así comportaría un riesgo enorme: que los compromisarios decidieran lo contrario a la postura de la directiva. Y eso, en un panorama preelectoral como el que vivimos después de que la sentencia haya resucitado a un Laporta que parecía muerto, tiene su riesgo.

Hoy, víspera de todos los santos, veremos si la directiva del Barça se apunta a la castañada o prefiere atizar un nuevo castañazo a quien considera su enemigo incluso desde antes de acceder al poder. Eliminado el trato, veremos cuál es el truco que sale de Arístides Maillol.

Laporta y su junta ganan el juicio

Se acabó la pesadilla para Joan Laporta y 16 de sus exdirectivos. La sentencia sobre la acción de responsabilidad emprendida contra ellos por el FC Barcelona y comunicada hoy a las partes por el juez José Manuel Martínez Borrego desestima la demanda y, por tanto, la petición de 47’6 millones de euros que el club les reclamaba.

Conviene no quedarse en el mero hecho de quién ha ganado o ha perdido este juicio. Es preciso ir un paso más allá y valorar concretamente los hechos. Y el primero de ellos es que la directiva de Sandro Rosell reformuló las cuentas y, en un ejercicio a medio camino entre el equilibrismo, la cobardía y el cinismo, las llevó a la asamblea para que fueran los socios compromisarios quienes decidieran presentar o no la demanda.

El resultado, una presentación circense, una exhibición obscena de números y gastos a los que se prestó una auditora como KPMG, un lavado de manos ponciopilatesco por parte de Rosell y una votación decidida por 29 votos (468 a favor, 439 en contra y 113 en blanco, entre ellos el del expresidente) en lo que ha sido el más claro exponente de la división del barcelonismo que hemos presenciado en los últimos años.

A partir de ahí, cuatro años de vergüenza absoluta para un club que ha dado –sigue dando– una imagen lamentable al mundo y que ha contado con la colaboración de un grupo de periodistas afines al establishment o, en el mejor de los casos, con la de simples palmeros y estómagos agradecidos. Casi 1.500 días en los que la angustia ha sobrevolado el futuro de las familias de los demandados, algunos de los cuales ni siquiera formaban parte de la junta en la época juzgada.

Ahora, el juez afirma que el mandato de Joan Laporta no sólo no fue económicamente negativo (base utilizada para la demanda), sino que finalizó con un beneficio de cuatro millones de euros, aunque su último ejercicio generara pérdidas por 28’8 millones. Las cifras concretas y el análisis de las cien páginas de la sentencia van a poblar, suponemos, las portadas de la prensa deportiva y generalista de mañana.

El juez desmonta, a través de su interpretación de las cifras en la sentencia (recurrible en un plazo de 20 días hábiles), los argumentos de la junta de Rosell y de un Bartomeu que afirmó en la última asamblea gastar un dineral en abogados que, por lo visto una y otra vez, no sirven más que para cosechar derrotas.

De no producirse ese recurso, la sentencia sería firme y, de rebote, dinamitaría la que condenaba a Joan Laporta y otros siete de sus exdirectivos (Alfons Godall, Joan Boix, Rafael Yuste, Jaume Ferrer, Albert Perrín, Alfons Castro y Josep Cubells) a avalar ante la Liga de Fútbol Profesional un total de 23.240.810 euros, 2,9 millones de euros por cabeza. Una sentencia que procede de la demanda presentada por el socio Vicenç Pla, auspiciado –si no manejado– por el constructor Robert Blanch y que, eliminado el argumento principal (las pérdidas) no tendría sentido.

Mientras el club se pronuncia en torno a si interpone o no recurso a la sentencia, cabe preguntarse si las cuentas del Barça deben o no reformularse, si la gestión milagrosa que ha pasado de no tener un euro para tóner en color al faraónico proyecto del nuevo Camp Nou existe o si todo esto, como parece, no ha sido toda más que una estrategia urdida desde el rencor de quienes quisieron dejar un legado propio a base de destrozar el anterior, por brillante que fuera.

Barça, juicios y partes contratantes

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– Haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal, está muy bien, eh?
– No, eso no está bien. Quisiera volver a oírlo.
– Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
– Esta vez creo que suena mejor.
– Si quiere se lo leo otra vez.
– Tan solo la primera parte.
– ¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
– No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
– Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como ésta? La cortamos.
– Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
– Dice ahora… la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
– Eso si que no me gusta nada. Nunca segundas partes fueron buenas. Escuche: ¿por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?

Si no fuera por Blesa, Rato, el juez Ruz, Acebes, Libertad Digital y esa caterva de gente que puebla las páginas económicas y judiciales de los informativos, esta semana el Barça volvería a las portadas, cosa nada descartable teniendo en cuenta cuál es el rival del próximo sábado.

Primera parte

En estos tres días nos hemos desayunado con la noticia de que la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente Josep Lluís Núñez y de su hijo Josep Lluís después de rechazar su recurso para suspender la ejecución de su condena de dos años y dos meses de cárcel. Los Núñez, condenados por sobornar a inspectores de Hacienda para eludir el pago de impuestos de los beneficios de su empresa constructora, aún pueden recurrir la decisión para evitar su encarcelamiento en tanto se decide su petición de indulto.

Entre o no en prisión, el expresidente (delincuente condenado) sigue poniendo su nombre al museo del club sin que nadie en la directiva haya osado, al menos de momento, cuestionar el hecho. Nada raro, sobre todo si tenemos en cuenta el aplauso que recibió Núñez en la última asamblea.

Segunda parte

Ayer se conoció también que Jordi Cases ha decidido retirar la demanda contra Sandro Rosell después de que lograr garantías por escrito de que ni el expresidente dimitido ni el club emprenderían acciones legales contra él. El asunto, viciado desde el principio por la soberbia de unos y la temeridad de otros, acaba así para Cases, pero no para el Barça, puesto que la investigación por presunto delito fiscal sigue abierta.

Tercera parte

Cuando todos pensábamos que Vicenç Pla había desaparecido del mapa, nos enteramos de que el juzgado de primera instancia número 24 de Barcelona ha ordenado que el expresidente Joan Laporta y siete de sus exdirectivos (Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfons Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste y Albert Perrín) avalen un total de 23,2 millones de euros (2,9 millones por cabeza) por las pérdidas generadas en la campaña 2002-2003, que ascendieron a 63,8 millones de euros. Sí, por aquellos famosos días de transición generados por la fecha electoral elegida por Trayter.

Hace unos meses se publicó que Vicenç Pla, un socio jubilado que ha sido manejado como una marioneta desde el principio, estudiaba no reclamar la ejecución de la sentencia. Y se publicó, también, que no lo hacía porque esperaba recibir un dinero a cambio que los implicados siempre negaron ofrecer. De hecho, ayer mismo Jordi Finestres, jefe de prensa de Joan Laporta, explicó en su cuenta de twitter que “Vicenç Pla, a través de un intermediario, me propuso que Laporta y los directivos le pagásemos dos millones de euros a cambio de retirar la demanda de los avales. Lo denunciamos a los Mossos. Vicenç Pla es una marioneta de personas oscuras que han hecho chantaje a Laporta y al barcelonismo”.

Ahora, de improviso, el socio Pla cambia de parecer y pide que los exdirectivos presenten un aval que, en algunos casos, puede representar el embargo de sus bienes. A menos, claro, que…

Cuarta parte

A menos que al juez José Manuel Martínez Borrego, titular del juzgado de primera instancia 39 de Barcelona, le dé por hacer pública esta semana la sentencia por el juicio de la acción de responsabilidad social contra Joan Laporta y 16 exdirectivos a quienes el Barça reclama 47’8 millones de euros. Si esa sentencia resultara favorable para los demandados, la tercera parte (la sentencia de los avales) desaparecería como por arte de magia.

Y a todo esto, el sábado hay que viajar al Bernabéu. Si es que antes no hay más partes contratantes…

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