Se acabó la pesadilla para Joan Laporta y 16 de sus exdirectivos. La sentencia sobre la acción de responsabilidad emprendida contra ellos por el FC Barcelona y comunicada hoy a las partes por el juez José Manuel Martínez Borrego desestima la demanda y, por tanto, la petición de 47’6 millones de euros que el club les reclamaba.
Conviene no quedarse en el mero hecho de quién ha ganado o ha perdido este juicio. Es preciso ir un paso más allá y valorar concretamente los hechos. Y el primero de ellos es que la directiva de Sandro Rosell reformuló las cuentas y, en un ejercicio a medio camino entre el equilibrismo, la cobardía y el cinismo, las llevó a la asamblea para que fueran los socios compromisarios quienes decidieran presentar o no la demanda.
El resultado, una presentación circense, una exhibición obscena de números y gastos a los que se prestó una auditora como KPMG, un lavado de manos ponciopilatesco por parte de Rosell y una votación decidida por 29 votos (468 a favor, 439 en contra y 113 en blanco, entre ellos el del expresidente) en lo que ha sido el más claro exponente de la división del barcelonismo que hemos presenciado en los últimos años.
A partir de ahí, cuatro años de vergüenza absoluta para un club que ha dado –sigue dando– una imagen lamentable al mundo y que ha contado con la colaboración de un grupo de periodistas afines al establishment o, en el mejor de los casos, con la de simples palmeros y estómagos agradecidos. Casi 1.500 días en los que la angustia ha sobrevolado el futuro de las familias de los demandados, algunos de los cuales ni siquiera formaban parte de la junta en la época juzgada.
Ahora, el juez afirma que el mandato de Joan Laporta no sólo no fue económicamente negativo (base utilizada para la demanda), sino que finalizó con un beneficio de cuatro millones de euros, aunque su último ejercicio generara pérdidas por 28’8 millones. Las cifras concretas y el análisis de las cien páginas de la sentencia van a poblar, suponemos, las portadas de la prensa deportiva y generalista de mañana.
El juez desmonta, a través de su interpretación de las cifras en la sentencia (recurrible en un plazo de 20 días hábiles), los argumentos de la junta de Rosell y de un Bartomeu que afirmó en la última asamblea gastar un dineral en abogados que, por lo visto una y otra vez, no sirven más que para cosechar derrotas.
De no producirse ese recurso, la sentencia sería firme y, de rebote, dinamitaría la que condenaba a Joan Laporta y otros siete de sus exdirectivos (Alfons Godall, Joan Boix, Rafael Yuste, Jaume Ferrer, Albert Perrín, Alfons Castro y Josep Cubells) a avalar ante la Liga de Fútbol Profesional un total de 23.240.810 euros, 2,9 millones de euros por cabeza. Una sentencia que procede de la demanda presentada por el socio Vicenç Pla, auspiciado –si no manejado– por el constructor Robert Blanch y que, eliminado el argumento principal (las pérdidas) no tendría sentido.
Mientras el club se pronuncia en torno a si interpone o no recurso a la sentencia, cabe preguntarse si las cuentas del Barça deben o no reformularse, si la gestión milagrosa que ha pasado de no tener un euro para tóner en color al faraónico proyecto del nuevo Camp Nou existe o si todo esto, como parece, no ha sido toda más que una estrategia urdida desde el rencor de quienes quisieron dejar un legado propio a base de destrozar el anterior, por brillante que fuera.
