En menos de 24 horas, el juez Ruz decidió imputar al Barcelona después de la petición del fiscal del caso, José Perals, por un presunto fraude fiscal de 9,1 millones de euros. Una decisión tomada sin que viniera precedida por un procedimiento de inspección ni se haya abierto ninguna acta por parte de la Agencia Tributaria como es habitual.
Llama la atención que el proceso se ha iniciado de una forma inhabitual. Normalmente Hacienda es quien hace entrega de unas pruebas documentales al fiscal, quien tras estudiarlas decide si pedir o no al juez la imputación.
En este caso, el camino ha sido otro y es lo que llama la atención al club. De media, Hacienda suele invertir en este tipo de investigaciones unos seis meses y se requieren muchos mecanismos de control.
La aceleración es diferente y el Barça ha tenido que reaccionar con rapidez y la contratación de dos gabinetes de abogados de prestigio, los de Cristóbal Martell y Cuatrecases, y hacer frente a un pago de una declaración complementaria tras una reunión extraordinaria de la junta directiva celebrada durante el pasado fin de semana.
«No hay riesgos en la parte penal de la apropiación indebida y la operación fiscal también es legítima. No hay ninguna simulación del negocio -como intuye el fiscal-, pero los asesores nos avisaron que Hacienda está muy agresiva con este asunto de la simulación«, ha dicho el vicepresidente económico Javier Faus.
¿Y por qué se ha abonado esa cantidad? Un cambio legislativo que se produjo a principios de 2013 supone que el delito contra Hacienda realizado por personas jurídicas -como es el caso del Barça- y regulado en los artículos 305 bis y 310 bis del Código Penal pueda comportar una pena de prisión de dos a seis años -que podría afectar a los directivos firmantes de los contratos- y una sanción económica cuatro veces superior a la cantidad defraudada.
Sin embargo, al haber presentado el club una autoliquidación complementaria por 13,5 millones de euros, el Barça se ha adelantado a la posibilidad de disponer de un beneficio fiscal, ya que tenía dos meses desde el momento de su imputación –algo que no ha ocurrido– para pagar la deuda y tendría una pena inferior «en uno o dos grados«.
El caso tiene un largo recorrido, entre uno y tres años, y se da la circunstancia de que N&N habrá liquidado sus impuestos en Brasil al haber recibir una transferencia de 40 millones de euros del Barcelona por «prestación de servicios» y el Barça deberá hacerlo aquí si la cantidad se considera como parte del salario del futbolista.
En el vértice de todo este asunto, figura un socio, Jordi Cases. Un socio señalado por el presidente, Josep Maria Bartomeu, como el responsable de lo ocurrido en una curiosa interpretación de la realidad.
«Si no hubiera puesto la denuncia, ahora no estaríamos aquí ni hubiéramos tenido que pagar los 13,5 millones de euros«, dice Bartomeu.
La grandeza de la situación es que, a diferencia del tibio mecanismo de control existente en una gran corporación, un socio del Barça puede pedir explicaciones sobre el contrato de un jugador y si no se las ofrecen, acudir a los tribunales, algo impensable en otros ámbitos.
Con una simple sospecha y ninguna prueba, Cases ha puesto el caso Neymar en la primera línea mediática. Soberbia y ninguneo a partes iguales. Una fórmula que por el momento ha acabado con un presidente (Sandro Rosell) y ha puesto contra las cuerdas a una directiva que, a pesar de las voces críticas, se siente legitimada para seguir adelante sin convocar elecciones.
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